A finales de la década de los 70 y a partir de los 80 del siglo pasado, "teniendo como telón de fondo" los procesos democráticos que vivió la Europa meridional y América Latina, muchos estudiosos de las ciencias sociales comenzaron a cuestionarse sobre los problemas modernos de la democracia, en especial su vinculación con los regímenes políticos y la relación institucional entre el Estado y la sociedad civil.
Hasta este momento no les interesaba todavía el análisis de la vinculación entre el diseño institucional y el desarrollo democrático de un país; fue pocos años más tarde cuando los politólogos comenzaron a preocuparse por el tema.Por lo que se refiere al desarrollo de la democracia en América Latina, el presidencialismo es la institución que, en este contexto, se ha analizado para poder conocer las causas de la fragilidad democrática (o si se quiere crisis democrática) que viven los países de la región.
El sistema presidencialista es la forma de organización política preponderante en la región y el origen de todos sus males. Sobre este tema se han escrito muchas obras. “La crisis del presidencialismo”, coordinada por Juan Linz y Arturo Valenzuela; “Presidencialismo y democracia mayoritaria”: “Observaciones teóricas” de Arend Lijphart; así como otros análisis igualmente destacados de autores como Giovanni Sartori, Alfred Stephan y Cindy Skach, entre otros.
De acuerdo con todos ellos, las rigideces propias del régimen presidencial tales como la tendencia a la concentración del poder, la ausencia de un poder moderador, la naturaleza de ganador único en las elecciones con la posible consecuencia de estancamiento en la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo. El Judicial y el Moral (juego de suma cero) y el potencial polarizador de dichas elecciones, inducen a estos regímenes a vivir en permanente conflicto e inestabilidad.
De ahí que estos autores hayan planteado como el mejor medio para combatir estas dificultades y evitar que crisis como éstas sigan sucediéndose en América Latina, el hacer avanzar los regímenes presidencialistas hacia sistemas semipresidenciales o parlamentarios que incentiven la conformación de mayorías que puedan hacer cumplir los programas de Gobierno, que doten de una mayor capacidad para gobernar en el marco de un sistema multipartidista, que generen una menor propensión a que los Ejecutivos gobiernen dentro de los límites de La Constitución y otorguen mayores facilidades para destituir al jefe de un Ejecutivo que actúe en contra de la misma o de los intereses de la población.
De acuerdo con estos autores, la contrastación empírica del funcionamiento de los sistemas políticos permite establecer una clara correlación entre el parlamentarismo y los procesos de consolidación democrática y el presidencialismo y la crisis de las democracias.
No obstante, no todo el problema vinculado con las crisis latinoamericanas está en las deficiencias del diseño institucional que desincentivan la cooperación y obstaculizan la suscripción de compromisos y pactos de carácter consociativos necesarios en todo proceso de transición a la democracia.
El otro gran factor que ha detonado la mayoría de las crisis democráticas en América Latina ha sido la imposibilidad de los Gobiernos de resolver las añejas y nuevas carencias sociales que afectan a su población, así como de reducir las cada vez más preocupantes desigualdades, la miseria y la pobreza.
De acabar con la lucha de clases y de generar nuevas oportunidades para sus ciudadanos. En fin, consolidar un Estado social de Derecho capaz de producir a la vez crecimiento económico y bienestar social.
La pasividad de los Gobiernos de América Latina ante la descomposición social de sus pueblos dice mucho de su incapacidad para hacer frente a conflictos en forma preventiva. El hastío y la desilusión ante la democracia por la carencia de representatividad y de soluciones viables a los problemas de la sociedad es tal, que los ciudadanos han comenzado a ensayar nuevas opciones (Populismos, demagogias, democracias plebiscitarias, control popular sin intercesión institucional, Poderes fácticos versus Poderes legales, etcétera) que han puesto en riesgo ya la estabilidad interna de varios países y podrían poner en peligro incluso a la región y al continente entero.
Venezuela tiene que aprender de las lecciones de la historia y evitar caer en propuestas populistas y demagógicas como medio para enfrentar la pauperización y las desigualdades que castigan cada día más a nuestro desmoronado y arruinado pueblo.
Venezuela ha perdido en casi 16 años de régimen revolucionario socialista-comunista la oportunidad de adecuar las instituciones nacionales a la nueva realidad política de la nación y de consolidar la democracia social para poner fin a los rezagos en la materia.
En 15 años d un mal llamado socialismo del siglo XXI, q ni sus mismos precursores pueden explicar ¿qué es?, no se ha podido concretar ninguna reforma importante y los programas sociales que ha venido aplicando no son más que la continuidad de los programas de las administraciones anteriores pero con otros nombres como las llamadas misiones, que ya han mostrado sus limitaciones.
Para el gran cambio fundacional de nuestro país, es necesario que se tome en cuenta este enorme reto y los líderes políticos, nos ofrezcan propuestas concretas y verdaderas orientadas a fortalecer nuestra institucionalidad y poder asegurar un desarrollo social más equitativo. ¿Será esto posible en esta depauperada y desvalorizada Venezuela sin democracia?
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